La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 41/2024, de 17 de enero, ha unificado los criterios del delito de impago de pensiones previsto en el art. 227 del Código Penal, señalando que la esencia de la prestación económica a favor de los cónyuges y/o hijos es el indispensable sustento del art. 142 del Código Civil, por lo que debería ser una obligación más moral que legal, teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido es el derecho de asistencia económica de los miembros de la familia más débiles tras una separación, divorcio, nulidad o proceso de filiación.
Se trata de un delito de omisión propia o de mera inactividad por el impago doloso de la pensión -durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos-, sin que el perdón del ofendido extinga la responsabilidad penal al no estar expresamente previsto en el art. 130.5 CP. Respecto a la cuantía debida, se trata de una deuda líquida, vencida y exigible que no admite compensación unilateral del deudor. La cantidad reclamable se extiende hasta el momento del juicio oral, al tratarse de un delito de tracto sucesivo acumulativo conforme entiende la doctrina y el criterio de la Fiscalía General del Estado expuesto en su Consulta 1/2007, de 22 de febrero. De ahí que el Tribunal Supremo no admita la atenuante de dilaciones indebidas por cuanto el retraso en la tramitación procesal no perjudica al acusado sino que le beneficia.
Finalmente, desde la STS 239/2021, de 17 de marzo, el Alto Tribunal considera que el impago de pensiones puede constituir violencia económica contra los hijos y violencia de género contra la mujer si responde a la finalidad de someterla a control económico, y su reparación integral incluirá el daño moral cuando pueda acreditarse, conforme a la Recomendación General núm. 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 2017, sobre la violencia por razón de género contra la mujer.
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